La elección de los representantes de la abogacía dejó al oficialismo libertario en cuarto lugar y repartió las bancas entre tres espacios. Más allá de los resultados, la disputa vuelve a poner en el centro una discusión clave para la democracia: cómo garantizar que los jueces sean elegidos por su idoneidad y no por acuerdos políticos.
La elección de los representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación dejó un resultado que excede la disputa entre agrupaciones profesionales. Con el 99,4% de las mesas escrutadas, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri, se ubicó en primer lugar con el 33,63% de los votos. Detrás quedaron las listas de Itatí Demarchi Arballo, con el 31,34%, y Fernando Levene, con el 26,66%. La nómina identificada con La Libertad Avanza, encabezada por Luis Alberto Palomino, terminó cuarta, con el 7,62%, y quedaría sin representación en este estamento.
De confirmarse la distribución preliminar, las cuatro bancas en disputa se repartirán entre las tres listas más votadas: dos para el espacio de Biglieri y una para cada una de las otras agrupaciones. El resultado deja al Gobierno nacional sin representantes propios provenientes de la elección de los abogados, aunque eso no significa que quede afuera del Consejo, donde participan otros sectores institucionales.
Pero la importancia de esta votación no se limita a quién ganó y quién perdió. El Consejo de la Magistratura cumple una función central en el funcionamiento del Poder Judicial: interviene en los concursos para seleccionar jueces nacionales y federales, ejerce facultades disciplinarias y puede impulsar procedimientos para la remoción de magistrados. También tiene responsabilidades vinculadas con la administración judicial.
En ese esquema, la discusión de fondo es cómo construir una Justicia verdaderamente independiente. La selección de los magistrados debería estar sustentada en sus antecedentes, su capacidad profesional, su integridad y su idoneidad, y no depender exclusivamente de acuerdos entre dirigentes políticos o sectores de poder. La intervención de distintos estamentos busca precisamente evitar que una sola fuerza tenga el control absoluto de estos procesos, aunque el diseño institucional, por sí solo, no garantiza que desaparezcan las influencias políticas.
Una Justicia independiente no significa una Justicia enfrentada al Gobierno ni alineada con la oposición. Significa que los jueces puedan resolver las causas de acuerdo con la Constitución, las leyes y las pruebas, sin presiones externas ni compromisos con quienes facilitaron su llegada al cargo. Ese principio es fundamental para que cualquier ciudadano, independientemente de su posición política, económica o social, pueda confiar en que recibirá un trato imparcial.
La elección también expuso la fragmentación de los espacios políticos que disputan influencia dentro de la abogacía. Las dos listas identificadas con sectores del peronismo sumaron, en conjunto, cerca del 58% de los votos, aunque compitieron por separado y no necesariamente actuarán como un bloque unificado. La lista ganadora, vinculada según las crónicas periodísticas con sectores del radicalismo, el PRO y referentes de la política judicial, consiguió la mayor cantidad de sufragios, pero no una mayoría absoluta. En ese escenario, los acuerdos y las posiciones que adopten los consejeros en las próximas decisiones tendrán tanta importancia como el resultado electoral.
En el ámbito local, el doctor Leandro Alonso, referente de La Costa, manifestó abiertamente su apoyo a la lista de Biglieri, al coincidir con sus planteos sobre la necesidad de fortalecer la independencia judicial y revisar los mecanismos de selección y designación de magistrados. Su posicionamiento se inscribe en una discusión que atraviesa a buena parte de la sociedad: la percepción de que determinados nombramientos pueden estar condicionados por acuerdos políticos antes que por criterios estrictamente profesionales. Esa preocupación, para traducirse en una reforma efectiva, requiere procedimientos transparentes, concursos rigurosos y evaluaciones que puedan ser conocidas y examinadas públicamente.
El debate también tiene una dimensión social. En los últimos años, la Justicia quedó en el centro de fuertes enfrentamientos políticos y culturales, con cuestionamientos hacia jueces y cámaras por sus fallos, sus criterios y sus vínculos reales o supuestos con distintos sectores. Esa desconfianza no se resuelve reemplazando un grupo por otro ni atribuyendo de manera generalizada intereses partidarios a todos los magistrados. Exige fortalecer los mecanismos de control, explicar las decisiones judiciales, garantizar el acceso a la información y establecer criterios de selección que permitan distinguir entre una sentencia jurídicamente fundada y una actuación que merezca una investigación.
En este sentido, hablar de un saneamiento de la Justicia no debería significar una purga política ni una persecución contra jueces por el contenido de sus fallos. Debería significar mejorar los controles, garantizar concursos transparentes, investigar las irregularidades cuando existan pruebas y asegurar que las responsabilidades se determinen mediante procedimientos legales. La independencia judicial también requiere que los magistrados estén protegidos frente a las presiones de quienes pretenden condicionar sus decisiones.
¿Puede este resultado contribuir a una Justicia más ágil e independiente? La elección, por sí sola, no reduce los tiempos de los expedientes ni garantiza mejores sentencias. Sin embargo, una integración capaz de impulsar concursos transparentes, cubrir vacantes con profesionales idóneos y mejorar la administración de los tribunales puede contribuir a un sistema más eficiente. Para que eso ocurra, las decisiones deberán traducirse en medidas concretas y no quedar limitadas a los discursos de campaña.
La elección de los abogados deja, en definitiva, una señal política y una responsabilidad institucional. Los representantes que resulten proclamados tendrán la oportunidad de demostrar si las propuestas de independencia, transparencia e idoneidad pueden convertirse en hechos. La confianza pública en la Justicia no se recupera con una victoria electoral: se construye con reglas claras, decisiones fundadas y una misma exigencia de legalidad para todos.