La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata suspendió provisoriamente la medida que frenaba las subas eléctricas en la provincia de Buenos Aires. La Juventud Radical cuestionó la decisión política del gobernador, mientras que la Provincia argumentó que mantener el cuadro tarifario anterior podía comprometer la continuidad del servicio. La discusión de fondo todavía no está resuelta.
El aumento de la electricidad volvió al centro de la polémica bonaerense. Después de que la Justicia frenara en septiembre la aplicación de los nuevos valores provinciales por cuestionamientos a la falta de participación de los usuarios, el gobierno de Axel Kicillof apeló la medida y consiguió que la Cámara habilitara provisoriamente la aplicación de las tarifas cuestionadas.
La decisión judicial, firmada el 15 de octubre y conocida públicamente días después, permite que las distribuidoras EDELAP, EDEN, EDEA y EDES vuelvan a aplicar los cuadros tarifarios establecidos por la Provincia, mientras continúa el proceso judicial.
El conflicto comenzó cuando el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Bahía Blanca hizo lugar a una presentación del defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. El reclamo cuestionaba que se hubieran actualizado componentes provinciales de la factura eléctrica sin una audiencia pública previa ni otro mecanismo equivalente de participación ciudadana.
La resolución de primera instancia había ordenado restablecer el cuadro tarifario anterior. Sin embargo, la Fiscalía de Estado bonaerense apeló y solicitó que el recurso tuviera efecto suspensivo. La Cámara aceptó ese planteo y dejó sin efecto, de manera provisoria, la protección judicial que impedía aplicar los nuevos valores.
La Cámara no declaró legales los aumentos de manera definitiva. Resolvió que se apliquen mientras se analiza la apelación. La discusión sobre la legalidad del procedimiento tarifario continúa pendiente.
La crítica de la Juventud Radical
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Desde la cuenta oficial de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, el espacio difundió un mensaje con una acusación política directa: “KICILLOF APELÓ. VUELVE EL AUMENTO”.
En su publicación, cuestionó que el Gobierno provincial recurriera la medida judicial que había frenado las subas y resumió su postura con una frase: “Se pasan la pelota. Vos pagás la factura”.
El planteo apunta a una consecuencia concreta para los hogares y comercios bonaerenses: la posibilidad de volver a recibir facturas con los importes actualizados mientras la Justicia determina si el mecanismo utilizado por la Provincia se ajustó a derecho.
La crítica radical tiene un componente político evidente, pero se apoya en un hecho verificable: fue la apelación impulsada por el Gobierno provincial la que permitió suspender provisoriamente la cautelar.
Qué argumentó el Gobierno bonaerense
La administración de Kicillof defendió su recurso con argumentos técnicos y económicos. Según la Fiscalía de Estado, mantener los valores anteriores podía afectar los recursos necesarios para sostener el servicio eléctrico, cubrir costos operativos y garantizar la continuidad de las prestaciones.
También sostuvo que los distintos componentes de las facturas funcionan de manera integrada y que combinar valores de cuadros tarifarios diferentes generaría dificultades técnicas para las distribuidoras.
La Cámara consideró que esos argumentos y los informes presentados justificaban, en esta etapa preliminar, tramitar la apelación con efecto suspensivo ante una posible afectación del interés público.
Ese fundamento debe ser tenido en cuenta para comprender la decisión judicial. Sin embargo, tampoco resuelve el cuestionamiento central de los usuarios: si los aumentos fueron aprobados respetando las instancias de información y participación exigidas para la modificación de tarifas de servicios públicos.
El punto que sigue bajo discusión
Uno de los elementos centrales del conflicto es la audiencia pública. La medida cautelar original cuestionó que hubiera transcurrido un período prolongado sin una nueva instancia de participación de los usuarios para revisar integralmente los componentes provinciales de la tarifa.
La Provincia, por su parte, argumentó que los ajustes se enmarcaban en un régimen de transición tarifaria y defendió la validez de las resoluciones administrativas. También informó que estaba prevista una audiencia pública para avanzar con la revisión tarifaria integral en diciembre de 2026.
La controversia, por lo tanto, no se limita a si la electricidad debe costar más o menos. También involucra cómo se deciden esos valores, qué información reciben los usuarios y qué mecanismos tienen para participar antes de que los aumentos lleguen a sus facturas.
El costo de la disputa
Mientras el Gobierno provincial defiende la necesidad de sostener el funcionamiento del sistema eléctrico, la oposición cuestiona que los usuarios vuelvan a afrontar los incrementos antes de que exista una resolución definitiva sobre la legalidad del procedimiento.
Las dos cuestiones merecen ser examinadas: un servicio público necesita recursos para funcionar, pero los mecanismos utilizados para fijar sus tarifas deben respetar las garantías legales correspondientes.
Por ahora, la decisión judicial habilita provisoriamente la aplicación de los aumentos. No cierra el expediente ni determina de manera definitiva si la Provincia actuó correctamente.
La pregunta que queda abierta es si el proceso judicial terminará confirmando el esquema tarifario o si establecerá que era necesario garantizar una instancia previa de participación ciudadana.
Hasta entonces, hay una consecuencia concreta: los aumentos vuelven a poder aplicarse mientras la discusión continúa en los tribunales. Y, como señaló la Juventud Radical en su publicación, quienes reciben las facturas son los usuarios.
Fuentes: Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires; TN; Infobae; LA NACIÓN; Letra P. Información judicial publicada entre el 18 y el 23 de octubre de 2026.
Multimedios.ar. Información y contexto para entender una discusión que afecta directamente el bolsillo de los bonaerenses.