El 25 de octubre de 2001, Rubén Darío Jerez salió de su casa en Santa Teresita para trabajar y nunca regresó. Un cuarto de siglo después, su familia continúa reclamando verdad y justicia. El caso atravesó juicios, cuestionamientos al accionar judicial y sospechas sobre posibles vínculos con el poder político y económico local. Este domingo, la comunidad volverá a reunirse para mantener viva su memoria.
Hay ausencias que el paso del tiempo no consigue convertir en recuerdo. La desaparición de Rubén Darío Jerez es una de ellas. A 25 años de aquel 25 de octubre de 2001, su familia sigue sin conocer con certeza qué ocurrió con él ni dónde está.
Darío tenía 40 años, era vecino de Santa Teresita y trabajaba como repartidor de productos de Arcor y cobrador. Aquella mañana salió de su casa para cumplir con su jornada laboral. Su recorrido terminó en una esquina que, con los años, se transformaría en un símbolo del reclamo de toda una comunidad: la intersección de las calles 3 y 29.
Su automóvil quedó en el lugar con pertenencias personales en su interior. Desde entonces, no hubo una respuesta definitiva sobre su destino. Para su esposa, Viviana Zubiaurre, sus hijos y el resto de su familia, comenzó una búsqueda que atravesó generaciones, gobiernos y distintas instancias judiciales.
Una investigación atravesada por interrogantes
El caso adquirió una dimensión que excedió el ámbito de una desaparición individual. Durante la investigación surgieron testimonios, hipótesis y elementos que apuntaron a posibles conexiones entre actividades económicas privadas y sectores del poder político local.
La hipótesis de la familia y de quienes impulsaron el esclarecimiento del caso sostuvo que la desaparición podía estar vinculada con información que Darío habría conocido. Sin embargo, esas sospechas no deben confundirse con hechos judicialmente probados: después de 25 años, el destino de Jerez continúa sin esclarecerse.
La causa llegó a juicio oral en 2013, en Dolores, con acusados por presunto encubrimiento, entre ellos personas vinculadas con el ámbito empresarial y funcionarios que se desempeñaban en el municipio al momento de los hechos. El tribunal absolvió a los imputados. En 2014, el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló aquella sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio.
Ese nuevo debate, sin embargo, no llegó a concretarse. Posteriormente, las actuaciones por encubrimiento fueron declaradas prescriptas, una decisión que profundizó el reclamo de la familia y los cuestionamientos sobre la respuesta judicial.
La diferencia es fundamental: la prescripción de esa causa no equivale a esclarecer la desaparición ni a determinar qué sucedió con Darío. Tampoco ofrece una respuesta sobre su paradero.
Las responsabilidades del Estado, bajo cuestionamiento
El expediente también abrió una discusión sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas y la obligación estatal de investigar hechos de esta gravedad.
En 2021, al cumplirse dos décadas de la desaparición, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo cuestionó las demoras, las falencias de la investigación y la falta de avances sustanciales, y solicitó que se examinara la responsabilidad del Estado argentino.
Entre los cuestionamientos planteados se encuentra la falta de una investigación que, desde el comienzo, contemplara adecuadamente la hipótesis de desaparición forzada, así como las objeciones al papel de los organismos que intervinieron en las actuaciones.
La presentación internacional trasladó el reclamo a otro ámbito: ya no se trata solamente de establecer qué le ocurrió a un hombre desaparecido, sino también de determinar si el Estado cumplió con su deber de investigar de manera diligente, independiente y eficaz.
La intervención de la CIDH no significa, por sí sola, que exista una sentencia internacional que establezca responsabilidades. Sí representa un nuevo intento de obtener una respuesta frente a una investigación cuestionada durante años.
Las marchas: una forma de impedir el olvido
A lo largo de estos 25 años, la familia de Darío, sus amigos, vecinos, organizaciones sociales, sindicatos y distintos sectores de la comunidad acompañaron el reclamo mediante marchas, actos públicos, intervenciones culturales y presentaciones ante las autoridades.
Cada convocatoria tuvo un sentido que fue más allá de la conmemoración. Marchar significó sostener una pregunta que no encontró respuesta, exigir que se revisara lo actuado y recordar que detrás de un expediente hay una familia que debió aprender a vivir con una ausencia sin explicación.
La esquina de las calles 3 y 29 se convirtió en un punto de referencia de esa memoria colectiva. Allí, donde Darío fue visto por última vez, la comunidad vuelve a encontrarse para reafirmar que el paso del tiempo no puede ser una razón para abandonar la búsqueda de la verdad.
En 2024, la memoria también encontró un lugar en el ámbito educativo: la Comisión Provincial por la Memoria participó de la imposición del nombre de Darío Jerez a un salón de usos múltiples del Sitio de Memoria del Cementerio de General Lavalle, una iniciativa que contribuyó a transmitir su historia a nuevas generaciones.
Un reclamo que interpela a toda la sociedad
La desaparición de Darío Jerez ocurrió en democracia. Por eso, el caso plantea una exigencia que compromete a las instituciones: ninguna familia debería atravesar décadas de incertidumbre sin una explicación fundada sobre lo sucedido con uno de sus integrantes.
Las responsabilidades individuales deben establecerse mediante pruebas y procedimientos judiciales. Pero esa exigencia de rigor no puede utilizarse para minimizar las demoras, ignorar los cuestionamientos formulados o convertir el paso de los años en una respuesta implícita.
La memoria de Darío no pertenece exclusivamente a su familia. Forma parte de la historia social del Partido de La Costa y de una discusión más amplia sobre la capacidad de la Justicia para esclarecer hechos graves cuando las investigaciones involucran intereses económicos, relaciones políticas o posibles fallas institucionales.
Este domingo, una nueva convocatoria por Darío
Este domingo 25 de octubre, a las 17.00, familiares y vecinos volverán a reunirse en la intersección de las calles 29 y 3, en la Diagonal Darío Jerez de Santa Teresita, para renovar el pedido de memoria, verdad y justicia.
La convocatoria busca acompañar a la familia y mantener vigente el reclamo por el esclarecimiento de un caso que, después de un cuarto de siglo, continúa sin una respuesta definitiva.
Veinticinco años después, la pregunta permanece abierta: ¿qué pasó con Darío Jerez?
La respuesta no puede quedar reducida a un aniversario, una marcha o una expresión de solidaridad. Requiere una investigación eficaz, un compromiso institucional sostenido y la voluntad de establecer la verdad sobre lo ocurrido.
Porque recordar es necesario, pero esclarecer sigue siendo una deuda pendiente.
Fuentes para respaldar la nota
- Comisión Provincial por la Memoria: presentación del caso ante la CIDH. Fuente central para explicar los cuestionamientos institucionales y judiciales.
- Clarín: antecedentes del juicio y las absoluciones.
- Prensa La Costa: convocatoria del aniversario anterior.
- Entrelíneas.info: investigación y situación judicial a 25 años.
Criterio editorial: antes de publicar, conviene confirmar con la familia o la CPM el estado procesal actual ante la CIDH y de la investigación principal. La información disponible permite describir los antecedentes, pero no afirmar que haya una resolución internacional definitiva ni atribuir responsabilidades penales no probadas.