Del discurso de liberación al negocio petrolero, las dudas que deja la estrategia de Trump
Estados Unidos intervino contra el régimen de Nicolás Maduro, pero el nuevo escenario plantea una pregunta incómoda: ¿la operación fue realmente una acción humanitaria o terminó abriendo la puerta al control estadounidense sobre una de las mayores reservas petroleras del planeta?
La caída de Nicolás Maduro puede ser presentada como un golpe contra una estructura política autoritaria que durante años acumuló denuncias, cuestionamientos y graves problemas institucionales. Eso no convierte al chavismo en víctima ni justifica sus prácticas. Pero tampoco obliga a aceptar sin cuestionamientos el relato de que la intervención estadounidense responde exclusivamente a razones humanitarias.
Los hechos económicos que rodean al nuevo escenario venezolano plantean otra lectura.
Después de la salida de Maduro, Washington busca asegurar un flujo estable de petróleo venezolano para sus refinerías, impulsar inversiones estadounidenses en una industria profundamente deteriorada y recomponer su propia reserva estratégica de crudo. Al mismo tiempo, aparecen negociaciones para que empresas estadounidenses tengan participación directa en importantes yacimientos venezolanos.
Y allí aparece la principal contradicción.
Venezuela posee aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas, las mayores del mundo. Sin embargo, produce apenas alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, producto de décadas de deterioro, falta de inversión y problemas de infraestructura.
Es decir: el país que acaba de atravesar una intervención política también es propietario de uno de los recursos energéticos más estratégicos del planeta.
¿Liberación o reposicionamiento económico?
El anuncio de un acuerdo petrolero de enorme magnitud entre Donald Trump y el gobierno interino de Venezuela vuelve inevitable una pregunta que Washington deberá responder con hechos: ¿qué obtiene Estados Unidos a cambio de su intervención?
El propio acuerdo contempla, según el material difundido, unos 65.000 millones de barriles vinculados al proyecto. Pero todavía existen interrogantes fundamentales sobre cómo se implementará: qué campos estarán involucrados, qué empresas participarán, quién financiará las inversiones y de qué manera Estados Unidos ejercerá el control mayoritario sobre las reservas.
La discusión, por lo tanto, no termina con la salida de Maduro. Recién comienza.
Porque si el resultado de una intervención política es que Estados Unidos obtiene un acceso privilegiado a enormes reservas petroleras y sus compañías pasan a ocupar un lugar central en la reconstrucción de la industria venezolana, resulta legítimo preguntarse si la dimensión humanitaria fue realmente el principal objetivo o si constituyó solamente una parte del discurso político.
No es una afirmación que permita concluir automáticamente que la intervención tuvo como único propósito apropiarse del petróleo venezolano. Sí existen, sin embargo, suficientes elementos económicos para cuestionar una explicación exclusivamente humanitaria.
El petróleo que no puede extraerse de un día para otro
Hay otro aspecto que contradice parte del discurso triunfalista.
Trump presentó el acuerdo como una vía para reducir sustancialmente el precio de la gasolina en Estados Unidos. Sin embargo, especialistas citados en el informe consideran improbable una reducción inmediata. Los campos venezolanos necesitan reparaciones e inversiones multimillonarias y recuperar una producción significativa podría llevar años.
El dato es contundente: después del anuncio, el precio promedio nacional de la gasolina regular en Estados Unidos continuaba en US$4,08 por galón, prácticamente sin cambios respecto del mes anterior y por encima de los US$3,20 registrados un año antes.
Por eso, la promesa de petróleo venezolano barato para los consumidores estadounidenses tampoco parece tener un efecto inmediato.
Un negocio que necesita miles de millones
La reconstrucción de la industria petrolera venezolana no será gratuita.
Las décadas de subinversión dejaron instalaciones deterioradas y campos que requieren importantes reparaciones antes de recuperar una producción confiable. Incluso especialistas del sector advierten que perforar y poner nuevamente en producción esos recursos demandará muchísimo tiempo.
Y mientras se habla de reconstrucción venezolana, las grandes empresas petroleras estadounidenses aparecen como potenciales protagonistas de esa recuperación.
El Wall Street Journal había informado sobre conversaciones para que Estados Unidos adquiriera participación directa en más de una docena de yacimientos, mientras otros informes señalaban negociaciones sobre los campos más prometedores del país, con alrededor de 90.000 millones de barriles de reservas probadas.
Además, se esperaba que Chevron y otras compañías estadounidenses avanzaran en acuerdos para invertir miles de millones de dólares en los campos venezolanos.
Las sanciones también forman parte de la ecuación
Durante años, las sanciones estadounidenses fueron utilizadas como instrumento de presión sobre el gobierno venezolano. La situación política cambió, pero ahora aparece una pregunta difícil de esquivar: ¿qué precio económico tendrá para Venezuela el nuevo vínculo con Washington?
Si las sanciones contribuyeron a presionar al régimen hasta provocar un cambio político, y posteriormente empresas estadounidenses quedan posicionadas para participar en la explotación y recuperación de la industria petrolera venezolana, el proceso puede ser leído como una operación en la que la presión política y el interés energético terminaron convergiendo.
Eso no absuelve a Maduro.
Tampoco transforma al chavismo en una víctima.
Pero obliga a mirar más allá del discurso.
Venezuela, entre dos poderes
El riesgo es que los venezolanos pasen de estar sometidos a un poder político interno a quedar condicionados por intereses económicos externos.
La oposición venezolana ya había expresado preocupación por los informes sobre la participación estadounidense en los yacimientos, interpretándolos como una apropiación de recursos que podría consolidarse mientras el país continúa bajo una estructura política sin una verdadera transformación institucional.
La pregunta de fondo, entonces, no es solamente quién gobierna Venezuela.
Es quién controla su petróleo, quién financia su reconstrucción y quién se queda con los beneficios de la recuperación de la industria.
Estados Unidos puede argumentar que intervino para terminar con una dictadura. Venezuela puede necesitar desesperadamente inversiones para reconstruir su industria. Ambas cosas pueden ser ciertas.
Pero también puede ser cierto que detrás de la geopolítica existe un enorme interés económico.
Y cuando están en juego las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, creer que todo se explica únicamente por razones humanitarias sería, como mínimo, una conclusión demasiado cómoda.
La verdadera prueba para Washington no estará en sus discursos, sino en las condiciones del acuerdo, el destino de las inversiones, el control de los yacimientos y quién terminará beneficiándose de los recursos venezolanos.