La Confederación General del Trabajo (CGT) atraviesa uno de los momentos más tensos y definitorios de las últimas décadas. A la reciente elección del nuevo triunvirato —conformado por Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Gerardo Martínez (UOCRA)— se suma un golpe directo del Gobierno nacional al corazón del modelo sindical argentino: el Decreto 342/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita la libre afiliación y desafiliación de los trabajadores sin intervención obligatoria de los gremios.
El decreto, publicado el 21 de mayo en el Boletín Oficial, pone en jaque un sistema que, durante casi 80 años, garantizó el flujo automático de aportes hacia las arcas sindicales.
Según datos del Ministerio de Trabajo del año 2023, las organizaciones gremiales administraban fondos que superaban los $1,2 billones anuales entre obras sociales, mutuales y aportes directos de trabajadores. La apertura de la afiliación voluntaria implica que esos recursos podrían reducirse en más de un 40 % en los próximos dos años, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Laboral.
La CGT reaccionó con un discurso de unidad, pero la realidad interna muestra fisuras. Mientras sectores como el de Daer llaman a la “prudencia política” y a “no caer en la provocación del Gobierno”, otros como Moyano impulsan una línea más dura, que incluye la posibilidad de un paro nacional si el Ejecutivo avanza con la “desfinanciación del movimiento obrero organizado”.
Gerardo Martínez, más conciliador, habló de “una nueva etapa de diálogo necesario” para evitar que la crisis sindical derive en una crisis social. Sin embargo, entre las bases sindicales hay malestar: algunos gremios medianos y del interior, sobre todo los ligados a servicios, temen perder afiliados que ya no se sienten representados ni por la CGT ni por los partidos tradicionales.
El vacío político del peronismo
La situación sindical se da en un contexto político inestable. El peronismo atraviesa un período de introspección, sin liderazgo claro tras la derrota electoral de 2023. Los intentos por reorganizar el espacio —entre gobernadores, intendentes y dirigentes gremiales— no logran cristalizar en una conducción nacional fuerte.
Un reciente estudio de la consultora Analogías revela que el 62 % de los votantes peronistas “no identifica a ningún dirigente actual como líder del movimiento”, mientras que el 48 % cree que el sindicalismo debería tener un papel más activo en la oposición.
Sin embargo, la CGT parece no encontrar la brújula. La fractura entre los sectores “dialoguistas” y los “combativos” se traduce en una debilidad estructural que Milei aprovecha con precisión quirúrgica. El decreto de libre afiliación no solo tiene un impacto económico: es, sobre todo, una jugada política que desarticula el músculo financiero y territorial del peronismo sindical.
Una nueva era de relaciones laborales
El Gobierno defiende la medida bajo el argumento de la “libertad sindical real” y la “modernización del sistema laboral”. En paralelo, impulsa reformas complementarias en materia de convenios y aportes obligatorios. Desde el entorno presidencial aseguran que “no se busca destruir los gremios, sino democratizarlos”.
Pero el contexto económico, con una inflación acumulada del 178 % en los últimos doce meses y una caída del poder adquisitivo cercana al 25 %, pone en duda la capacidad de los trabajadores para sostener sus afiliaciones voluntarias.
Mientras tanto, los sindicatos buscan adaptarse. Algunos analizan fusionarse o modernizar sus estructuras digitales para retener afiliados. Otros apuestan a fortalecer su rol social y asistencial para sobrevivir al nuevo escenario.
La elección del nuevo triunvirato en la CGT, la vigencia del Decreto 342/2025 y la crisis de liderazgo en el peronismo marcan un punto de inflexión. Por primera vez en décadas, el sindicalismo argentino deberá competir por sus afiliados, rendir cuentas de su gestión y redefinir su poder político en una Argentina que ya no se rige por las reglas de antaño.
El movimiento obrero, históricamente columna vertebral del peronismo, enfrenta su mayor desafío desde la década del 90: reinventarse o perder la centralidad que lo caracterizó desde su nacimiento.
Las 62 Organizaciones Justicialistas, han expresado un rechazo enérgico a los cambios que impulsa el Gobierno en materia laboral y sindical:
- En un plenario nacional recientemente realizado, denunciaron “una crisis del mundo del trabajo, presión sobre derechos laborales, desfinanciamiento de obras sociales y vaciamiento institucional” que afectan directamente a sus bases.
- En un comunicado, afirmaron que el régimen de libre afiliación y los decretos conexos “no son una mera modernización, sino un intento de debilitar la clase trabajadora como variable de ajuste”.
- En particular denunciaron que el Decreto 355/2024 (sobre subsidios a obras sociales) “podría llevar a la quiebra a las obras sociales sindicales con menor cantidad de afiliados” pues el 85 % de los gremios con obra social pertenecen a este colectivo y serían los más vulnerables frente al cambio de reparto.
- También lograron un compromiso político: se reunieron con el interbloque del Frente de Todos en el Senado para impulsar que no se avale un DNU considerado “regresivo” en derechos laborales.
En resumen: las 62 Organizaciones advierten que los cambios —aunque formales o regulatorios— tienen impactos concretos en la recaudación, en la sostenibilidad de las obras sociales gremiales y en el poder real de los sindicatos.