La iniciativa surge luego del planteo público de Yamila Coppola sobre la inacción del HCD durante los últimos dos años. El presidente del Club de Pesca y Náutica de San Clemente del Tuyú estudia, junto a profesionales, la posibilidad de llevar la discusión a la Legislatura bonaerense y establecer parámetros mínimos de funcionamiento para los 135 municipios.
Lo que comenzó como un reclamo sobre el funcionamiento del Honorable Concejo Deliberante podría transformarse en una discusión de alcance provincial.
A partir de los cuestionamientos planteados públicamente por Yamila Coppola respecto de la actividad del HCD durante los últimos dos años, Rubén Chirizola viene analizando desde hace tiempo una alternativa que pretende trascender la coyuntura política local: estudiar la posibilidad de impulsar una legislación provincial que establezca un mínimo de sesiones y garantice un funcionamiento efectivo de los Concejos Deliberantes de los 135 municipios bonaerenses.
La propuesta todavía no constituye un proyecto de ley presentado formalmente. Se encuentra en una etapa de análisis y elaboración. Chirizola explicó que está trabajando junto a un abogado y evaluando distintas alternativas para darle forma jurídica a la iniciativa, incluyendo la posibilidad de presentarla por los mecanismos que correspondan como ciudadano o canalizarla a través de algún diputado o senador provincial.
El propio impulsor reconoce que el camino legislativo no sería sencillo y que una eventual iniciativa necesitaría ser trabajada, discutida y posteriormente difundida para conseguir respaldo político e institucional.
Un reclamo que busca salir de la discusión local
El punto de partida está en una preocupación concreta: la percepción de que el Concejo Deliberante del Partido de La Costa ha tenido durante los últimos dos años un nivel de actividad que Chirizola considera insuficiente.
Su crítica es contundente. Sostiene que durante el año pasado el cuerpo “prácticamente no funcionó” y que durante el actual año la situación tampoco habría mejorado sustancialmente.
Pero el planteo no se limita a cuestionar a los concejales locales. Chirizola pretende llevar la discusión a una dimensión más amplia: si existen cuerpos deliberativos municipales que sesionan con escasa frecuencia, ¿debería existir un estándar provincial que garantice un piso mínimo de funcionamiento?
Allí aparece el verdadero alcance de la propuesta.
La iniciativa buscaría abarcar a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, de manera que la discusión no quede asociada exclusivamente a la situación política de San Clemente del Tuyú o del Partido de La Costa.
La Provincia ya tiene un régimen de sesiones
El debate presenta además una particularidad jurídica que será necesario analizar en profundidad.
La Ley Orgánica de las Municipalidades —Decreto-Ley 6769/58— ya establece un régimen de funcionamiento de los Concejos Deliberantes. Su artículo 68 contempla sesiones preparatorias, ordinarias, de prórroga, especiales y extraordinarias. En el régimen general, las sesiones ordinarias se desarrollan desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre, con posibilidad de prórroga, mientras que también están previstas sesiones extraordinarias en determinadas circunstancias.
Por lo tanto, la discusión que abre Chirizola no debería interpretarse simplemente como la necesidad de “crear sesiones obligatorias”, porque la legislación provincial ya establece períodos y modalidades de funcionamiento.
La cuestión de fondo sería otra: determinar si las normas existentes resultan suficientes para garantizar un funcionamiento efectivo del órgano deliberativo o si deberían incorporarse parámetros mínimos de actividad, mecanismos de cumplimiento y eventualmente consecuencias ante situaciones prolongadas de inactividad.
Ese es, precisamente, uno de los puntos que un eventual proyecto debería definir con precisión.
Un debate que toca el funcionamiento institucional de los municipios
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que la administración de los intereses y servicios locales está a cargo de una Municipalidad integrada por un Departamento Ejecutivo y un Departamento Deliberativo. A su vez, dispone que corresponde a la Legislatura provincial deslindar las atribuciones y responsabilidades de ambos departamentos y otorgarles las facultades necesarias para atender eficazmente los intereses y servicios locales.
En ese marco, una eventual legislación que establezca obligaciones adicionales para los Concejos Deliberantes abriría necesariamente un debate jurídico e institucional.
Habría que determinar, entre otras cuestiones, qué se entiende por “funcionamiento mínimo”, cuántas sesiones deberían garantizarse, qué ocurre ante la falta de quórum, cómo se computaría la actividad legislativa y qué organismo tendría competencia para controlar el cumplimiento de esas obligaciones.
También sería necesario establecer cómo compatibilizar una eventual regulación con el régimen municipal vigente y con las competencias propias de cada municipio.
No solamente sesiones: también eficacia institucional
El planteo de Chirizola incorpora además una segunda preocupación.
Según expresa, en algunas oportunidades los Concejos Deliberantes pueden aprobar resoluciones que posteriormente no serían cumplidas por los Departamentos Ejecutivos.
Esa afirmación, que deberá ser contrastada con casos concretos y documentación oficial, introduce otra dimensión en la discusión: no solamente importa que un Concejo sesione, sino también qué capacidad efectiva tiene para ejercer sus atribuciones legislativas y de control.
En definitiva, el debate podría extenderse desde la cantidad de sesiones hacia una pregunta más profunda: ¿qué condiciones necesita un Concejo Deliberante para ejercer efectivamente la función para la que fue elegido?
Chirizola y una trayectoria de participación institucional
La iniciativa tampoco surge de una persona completamente ajena a los espacios de representación social.
Rubén Chirizola es actualmente presidente del Club de Pesca y Náutica de San Clemente del Tuyú y posee antecedentes de participación sindical como delegado de trabajadores de EDEA, aunque al momento de esta publicación no se encuentra confirmado si continúa ejerciendo esa representación.
Ese recorrido constituye un elemento de contexto relevante. Su trayectoria muestra una participación sostenida en ámbitos de representación colectiva, organización social y discusión institucional.
Sin embargo, Chirizola es cuidadoso en separar esos antecedentes de la iniciativa que ahora analiza. La propuesta sobre el funcionamiento de los Concejos Deliberantes es planteada a título personal y no como una iniciativa institucional del Club de Pesca y Náutica.
Su experiencia previa puede explicar, en parte, su conocimiento de los mecanismos de representación y de la necesidad de generar canales institucionales para transformar un reclamo en una propuesta concreta.
De una inquietud ciudadana a una posible iniciativa legislativa
El camino que plantea Chirizola todavía está en sus primeras etapas.
La intención es trabajar con profesionales, estudiar el marco legal y determinar cuál sería el instrumento adecuado para llevar la discusión a la Legislatura bonaerense.
También deberá resolverse si la iniciativa será impulsada directamente por Chirizola como ciudadano o si buscará que algún legislador provincial la tome y la transforme en un proyecto formal.
Él mismo reconoce que no será sencillo conseguir que una propuesta de estas características avance en la Legislatura. Por eso plantea la necesidad de trabajarla previamente, conseguir apoyos y darle difusión.
Un debate que merece ser profundizado
La discusión, en definitiva, excede ampliamente la situación puntual del Concejo Deliberante del Partido de La Costa.
La pregunta que aparece detrás del planteo es de naturaleza institucional: si la democracia municipal necesita órganos deliberativos activos, ¿debería existir un piso mínimo de funcionamiento que sea exigible en los 135 municipios bonaerenses?
La respuesta no es sencilla.
También deberá discutirse quién fija ese piso, cómo se controla, qué sucede cuando un Concejo no puede sesionar por falta de quórum, qué responsabilidades corresponden a los propios concejales y cuáles son las herramientas disponibles frente a eventuales incumplimientos.
Por eso, más allá de las posiciones políticas que pueda despertar, la iniciativa abre un debate que merece ser analizado con profundidad y desde distintas perspectivas.
El planteo de Chirizola todavía no es una ley ni un proyecto formalmente ingresado. Es, por ahora, una propuesta ciudadana en etapa de estudio que busca transformar una preocupación surgida en el ámbito local en una discusión sobre el funcionamiento de las instituciones municipales de toda la provincia.
Y ese debate, por su alcance, trasciende a cualquier partido político o gobierno de turno.