¿Por qué un modelo de gestión rural similar al de Madariaga, que en ese distrito logró convertirse en una referencia provincial, funciona con dificultades en General Lavalle, donde la falta de acompañamiento del Municipio a los productores complejiza la administración y el mantenimiento de los caminos rurales?
Madariaga: cuando el Municipio y los productores empujan en la misma dirección
Uno de los aspectos que explica el reconocimiento que viene recibiendo General Madariaga no es solamente la cantidad de kilómetros mantenidos ni la maquinaria incorporada. Hay un elemento institucional que resulta determinante: la relación entre el Municipio y los productores rurales.
La CASER funciona con participación del sector productivo, pero el Ejecutivo municipal no se desentiende de las decisiones. Por el contrario, acompaña el funcionamiento del sistema, aporta recursos, incorpora maquinaria y mantiene un vínculo permanente con quienes conocen de primera mano las necesidades de la red vial.
La propia experiencia fue reconocida en junio de 2026 durante un encuentro regional organizado por el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas bonaerense, donde representantes de doce municipios destacaron el modelo de Madariaga como una experiencia de referencia provincial.
Y en julio, La Nación volvió a poner el foco en ese esquema, describiéndolo como una experiencia en la que productores y Municipio administran en conjunto la tasa vial y el mantenimiento de aproximadamente 740 kilómetros de caminos rurales.
Es decir, la clave no parece estar en quién tiene «el control total» de los caminos. La fortaleza está precisamente en que existe una articulación entre quienes producen, quienes conocen el territorio y quienes tienen la responsabilidad institucional y los recursos municipales para intervenir.
El Municipio como parte de la solución
En Madariaga, la discusión sobre los caminos rurales no aparece planteada como una disputa entre el Gobierno municipal y los productores. El Ejecutivo forma parte de la solución.
Cuando hay que incorporar maquinaria, el Municipio invierte. Cuando hay que planificar trabajos, existe una estructura específica. Cuando aparecen problemas hidráulicos, se incorpora esa cuestión al análisis. Y cuando se necesita coordinar con otro distrito, como ocurre con Maipú, se busca avanzar mediante acuerdos institucionales.
La adquisición de una retro-pala New Holland por más de $135 millones en 2024 es un ejemplo concreto de ese acompañamiento municipal a la CASER.
Por eso, el modelo madariaguense puede resumirse en una fórmula sencilla:
productores que participan + Municipio que acompaña + recursos afectados + maquinaria + planificación + diálogo.
Y esa combinación parece ser uno de los factores que explican por qué Madariaga se convirtió en una referencia regional.
General Lavalle: una estructura similar, pero con una relación más compleja
El contraste con General Lavalle resulta especialmente interesante porque el distrito tampoco carece de una estructura institucional para administrar sus caminos rurales.
La Ordenanza 2201/2018 creó la Comisión Administradora de Caminos Rurales e Hidráulico Vial, precisamente porque el Municipio reconocía la dificultad de atender una extensa red de caminos de tierra y establecía la necesidad de una comisión específica.
Incluso el Ejecutivo municipal tiene representación formal dentro de esa comisión. En 2019 se designó al entonces secretario de Obras y Servicios Públicos como delegado del Departamento Ejecutivo.
El problema, entonces, no es la inexistencia de un modelo de participación.
El problema es la relación entre ese modelo, los productores y el Ejecutivo municipal.
Mientras en Madariaga la articulación entre la administración municipal y el sector rural aparece públicamente como uno de los pilares del funcionamiento de la CASER, en General Lavalle la relación con determinados sectores productivos ha atravesado momentos de tensión y cuestionamientos, generando un escenario menos favorable para construir una política vial consensuada.
Esto es particularmente relevante porque un camino rural no puede ser administrado eficazmente desde un escritorio municipal. Quienes viven y producen en el campo conocen qué caminos se vuelven intransitables después de una lluvia, dónde falta una alcantarilla, qué trazas necesitan alteo y qué sectores requieren mantenimiento antes de que llegue el período de precipitaciones.
Cuando esa información no logra transformarse en una agenda común entre productores y Municipio, la infraestructura termina pagando el costo.
La diferencia no está en la comisión: está en la convivencia institucional
Por eso, la comparación entre Madariaga y Lavalle no debería reducirse a decir que uno tiene una comisión y el otro también.
La diferencia está en cómo funciona la relación entre esa comisión, los productores y el Poder Ejecutivo.
En Madariaga, el esquema parece haber logrado una convivencia institucional en la que las diferencias pueden canalizarse dentro de una estructura común. El Municipio no resigna su responsabilidad, pero tampoco pretende resolver unilateralmente todas las cuestiones vinculadas con la red rural.
En Lavalle, en cambio, los antecedentes de tensiones entre el Ejecutivo y sectores vinculados al campo constituyen una dificultad adicional para una política que necesita precisamente coordinación, confianza y trabajo conjunto.
Y esto adquiere todavía mayor importancia porque el propio Municipio reconoce que la Comisión Hídrico-Vial tiene a su cargo el mantenimiento de caminos y el seguimiento de canales y compuertas. En agosto de 2025, el intendente Nahuel Guardia participó de una reunión de CARBAP en la Sociedad Rural de General Lavalle y allí informó sobre las tareas e inversiones de la Comisión.
Es decir, existen espacios de diálogo en Lavalle. La cuestión es si ese diálogo alcanza para construir una política rural sostenida y consensuada, capaz de traducirse en caminos que respondan a las necesidades de quienes producen.
Dos municipios, una misma herramienta y dos resultados que merecen ser comparados
La comparación resulta todavía más significativa porque ambos distritos tienen mecanismos institucionales para abordar el problema.
General Lavalle incluso ha informado públicamente trabajos recientes de alteo y mantenimiento en caminos como La Colorada, Ruta 60 y Canal 2.
Por eso, la discusión responsable no consiste en afirmar que «en Lavalle no se hace nada».
La discusión es mucho más profunda:
¿Por qué un modelo de gestión rural que en Madariaga logró convertirse en referencia provincial parece tener mayores dificultades para generar el mismo nivel de articulación y confianza entre Municipio y productores en General Lavalle?
Ahí está uno de los puntos más importantes de esta investigación.
Porque la maquinaria puede comprarse, los fondos pueden presupuestarse y las comisiones pueden crearse; pero si quienes administran y quienes utilizan los caminos no trabajan en la misma dirección, la infraestructura difícilmente pueda responder a las necesidades de una región productiva.
Y justamente por eso Madariaga puede ser observado como un modelo: no porque el Municipio tenga el control absoluto de los caminos, sino porque entendió que para solucionar el problema necesita sentarse en la misma mesa con quienes producen.
En Lavalle, el desafío no parece ser crear otra comisión ni solamente incorporar más maquinaria.
El desafío es reconstruir una relación de trabajo entre el Ejecutivo municipal y los productores que permita que los recursos destinados a los caminos se transformen, efectivamente, en infraestructura rural.